Por estos días ha tomado relevancia la tarea del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en el énfasis de la primera cuenta pública del presidente Kast sobre la familia y el anuncio del «Bono por hijo». Esto ocurre en medio de la crisis económica, desempleo y de los embargos a deudores del CAE, que resaltan un ambiente opresivo de desfinanciamiento e incertidumbre en los hogares.
En el contexto chileno actual, la familia emerge como una prioridad política insoslayable y señala una transformación más honda en la comprensión de lo social, dejando de ser ya un asunto exclusivamente privado, porque demanda estar aún más en la discusión pública, debe ser el nuevo ethos desde el cual repensar las políticas públicas, en tanto la comunidad mínima y elemental depositaria del bien común. La familia no es un apéndice del individuo, sino su condición de posibilidad antropológica.
Este nuevo ethos no es un mero pronunciamiento conservador o un ideal perdido tras el sueño de la meritocracia, sino que es la esfera donde el individuo afectivamente constituido y necesitado, define su vocación ciudadana, pensando la ciudad para sí y para el otro, apta para los suyos y semejantes. Haber reducido la sociedad a una agregación de consumidores vinculados por necesidades económicas, donde el ideal de realización es la autosuficiencia solitaria y al estatus material, indiferente a las lealtades afectivas, es una visión pobre, deficiente y naufragada. Frente a esa imagen, en medio de la tensión y el peligro de anomia en áreas de nuestra sociedad, la familia introduce una complejidad olvidada: la dependencia, el cuidado, la reciprocidad. La familia es el escenario elemental donde la sociedad y la autorregulación democrática se forman en el cultivo del respeto, responsabilidad, solidaridad y participación.
«Este nuevo ethos no es un mero pronunciamiento conservador o un ideal perdido tras el sueño de la meritocracia, sino que es la esfera donde el individuo afectivamente constituido y necesitado, define su vocación ciudadana» Compartir en XLa complejidad de las circunstancias resaltan a la familia como sustrato y condición de posibilidad de cualquier individuo que llegue a ser persona, en medio de una red de relaciones donde lo transaccional es insuficiente a veces, hasta inviable. No cabe ambigüedad libertariana ante este ethos: antes que ciudadano, el individuo es siempre ya miembro de una trama familiar que lo constituye, resguarda y le da inteligibilidad, desde su condición base: ser hijo. Y esto ocurre no en lógicas retributivas, sino en relaciones infundidas de solidaridad, abnegación y liberalidad.
Si acaso la familia es el nuevo «individuo», o partícula mínima con la que se piensa y mide a la sociedad, puede ser el puente para que el liberalismo del gobierno —reñido ideológicamente con la figura y envergadura del Estado, pero con un corazón conservador— pueda alimentar un nuevo ethos desde el cual pensar las políticas públicas, adoptando con más tolerancia lo estatal, alrededor del cual constelar su planificación, y garante de la seguridad del individuo, porque la familia no le es un suplemento transitorio, sino su iniciación y amparo formativo. Esta noción también convoca a la izquierda que gobernó anteriormente, para que corrija su vicio de burocratización.
El ciudadano, cuando deja de tener relevancia al ser reducido, en la práctica, a mero cliente y deudor, ¿dónde se refugia? Desde este nuevo ethos se vuelve a pensar al ciudadano como resultado de una familia. Sin familia no hay clientes, y lo sustentable para la economía global es proteger a la familia, sistema primordial de auto conservación, que permanece anterior a la abstracción del ciudadano y a la construcción del consumidor.
Al definirse por la familia, se está tomando responsabilidad por cómo las políticas públicas le afectan, asumiendo también al Estado como el que arbitra y custodia ante el Mercado, no solo para proteger derechos, sino para garantizar que las familias puedan sostenerse como comunidades de cuidado, y generando vínculos virtuosos con los empleadores, incentivando un criterio humanitario. Ante problemáticas como la crisis de natalidad, ya no se puede sostener un sistema que extorsiona los esfuerzos de los individuos a costa de las necesidades precarizadas de sus hogares, sino que se debe priorizar a sus familias como inversión para la nación, no generando más presión hacia su interior. Se protege a la comunidad mínima donde se cultivan las virtudes que cohesionan nuestra relación social democrática.
La familia es el lugar donde la vida aprende a no entenderse sólo como logro individual, sino como herencia y cuidado, y una promesa de seguridad aún mayor que todo discurso político electoral, promesa que perdura mucho más que las de los candidatos que vienen y van. Este nuevo ethos, merece mayor lealtad, admiración y celo de parte de los gobernantes, al ser la primera institución de la eticidad, donde se aprende a ser persona y a ser ciudadano, anterior al Estado o a cualquier empresa, y a la que cualquier liderazgo público debe ofrecer servicio, responsabilidad y probidad.
La solidaridad aprendida en los hogares es la virtud que encarna la posibilidad de poner al solitario en familia. Familia que vela por la libertad individual, al darle el valor afectivo y existencial a sus integrantes le enseña a hacer habitable su singularidad. Allí el ser humano es convocado a la relación. Y a pesar de los aprietos, la familia sabe disfrutar el pan modesto y en paz, antes que cualquier opulencia que disimule rencillas. Lo peor sería hacer de la familia el lugar de disputa ideológica a priori, sin catastro previo, sino el lugar de oportunidad donde los legisladores, alrededor de la once de la mesa chilena, se entiendan en las necesidades que son transversales, y que es la familia donde se almacenan las riquezas de nuestro país.
Félix Torres Hevia es ensayista y cineasta documental, con investigaciones sobre memoria histórica, violencia estructural y derechos humanos en Chile. Complementa su trabajo con estudios en antropología filosófica y ética cristiana, integrando reflexión crítica y justicia social.
