En Chile, el 32% del electorado está compuesto por personas mayores de 60 años. Sin embargo, su presencia en los espacios de deliberación política y participación ciudadana activa sigue siendo escandalosamente marginal. La paradoja es clara: somos una sociedad envejecida —y para 2050, la más envejecida del Cono Sur— que sigue pensando y legislando desde una lógica adultocéntrica. ¿Puede haber democracia plena en un país que excluye sistemáticamente a una parte significativa de su población?
El viejismo, esa forma de discriminación estructural basada en la edad hacia las personas mayores, no se limita a creencias sesgadas, negativas o erróneas o sensaciones asociadas al miedo o indiferencia. También se cuela en las prácticas institucionales más profundas. Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad: el Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó una nómina especial de personas mayores de 90 años que serán excluidas del padrón electoral para las elecciones de noviembre de 2025. En lugar de ofrecer una opción voluntaria, el Estado asume que cumplir 90 equivale a desaparecer como ciudadano. Se da por sentado que, a esa edad, ya no se está en condiciones de ejercer derechos políticos.
Esta exclusión por omisión ignora que muchas personas mayores enfrentan barreras físicas, tecnológicas o sociales para renovar sus documentos o acceder a sus locales de votación. El resultado es alarmante: una política pública que desactiva derechos en vez de garantizarlos, una forma institucionalizada de viejismo político que debilita nuestra democracia.
Desde Fundación GeroActivismo lo decimos con claridad: la vejez no es una etapa de retiro de la vida pública. Las personas mayores tienen memoria histórica, experiencia política y redes comunitarias que pueden —y deben— fortalecer el tejido democrático. Pero para eso necesitamos romper con la idea de que lo joven es lo deseable y lo viejo es lo descartable. Urge una transformación cultural, institucional y legal que garantice el ejercicio pleno de los derechos civiles, sociales y políticos durante todo el curso de vida.
Una democracia sin viejismo debe hacerse cargo, además, de las desigualdades dentro del grupo de personas mayores: mujeres, personas mayores LGBTIQ+, migrantes, habitantes de zonas rurales o personas en situación de dependencia enfrentan múltiples barreras para ejercer su ciudadanía. La interseccionalidad no es un lujo académico: es una herramienta imprescindible para una democracia realmente inclusiva.
Y aquí aparece una deuda crítica: la falta de formación política con perspectiva gerontológica. No podemos seguir formando liderazgos ni ciudadanía sin cuestionar los sesgos viejistas que atraviesan nuestras instituciones. La educación cívica, los programas de liderazgo social y las estructuras partidarias deben integrar la vejez como una categoría política. Las personas mayores no son objetos de cuidado: son sujetos activos de derechos, saberes y transformación.
Porque sin personas mayores en el centro del debate, nuestra democracia está incompleta y debilitada. Y porque saldar la deuda del viejismo es, hoy, una tarea urgente y profundamente política.
Agnieszka Bozanic es psicogerontóloga, activista por los derechos humanos de las personas mayores y presidenta de Fundación GeroActivismo. Precandidata a diputada por el Distrito 7, impulsa una agenda interseccional y feminista contra el viejismo en todas sus manifestaciones. Su trabajo combina investigación, formación y acción pública para construir una sociedad más justa, inclusiva y democrática para todas las edades.
